Columna de actualidad: la agenda

Después de una semana dominada por “Papel Prensa”, los temas centrales de la agenda fueron: inseguridad y reglamentación de la ley de servicios audiovisuales. Antes de analizar cada tema, es importante prestar atención al hecho de que la lucha por marcar agenda se mantiene. Desde el gobierno, con la reglamentación de la ley; y desde los medios de comunicación y partidos de la oposición, con la inseguridad. A ésta altura no debería tomarse como peyorativo el hecho de que la oposición y los medios (Grupo Clarín, La Nación y afines) tengan, o tienen, intereses comunes. Es más, es necesario aceptar dicha premisa porque, de lo contrario, corremos el riesgo de juzgar actitudes políticas como anti políticas. Concepto que se desliza en los discursos de quienes piden no ideologizar los debates.

El miércoles, el Poder Ejecutivo, reglamentó la ley de servicios audiovisuales. Desde la oposición ya dijeron que presentarán un proyecto para anular dicha reglamentación, pero vamos por partes. Un dato: hay aprox. 300 licencias en todo el país otorgadas para transmitir radio y televisión, y casi el 70% pertenece directa o indirectamente al Grupo Clarín. Ahora bien, la nueva ley de servicios audiovisuales, en su artículo 161, dispone que las personas físicas o jurídicas que sobrepasen el límite de 10 licencias deberán desprenderse de ellas en el plazo de un año. Resulta obvio sospechar quién tuvo urgencia en presentarse ante la justicia para reclamar por la seguridad jurídica y los derechos adquiridos; por la urgencia también podemos entender mejor su posición pública con respecto a la nueva ley y, ya que estamos, ante el gobierno. De todas maneras, la reglamentación entra en vigencia menos lo referido al artículo 161, hasta tanto la justicia no resuelva. Según pudimos leer en la columna del domingo de Joaquín Morales Solá en el diario La Nación, la Corte Suprema se encamina a rechazar la apelación del Poder Ejecutivo. Pero como la antigua ley ya tenía como límite un máximo de 24 licencias, de todas formas el Grupo deberá desprenderse de muchas.

Por otro lado, la oposición intentó presentar un proyecto de ley sobre salideras bancarias en la Cámara de Diputados. El Frente para la Victoria no dió quórum para tratarlo, la única explicación posible (si obviamos la clásica: al gobierno no le importan los problemas de la gente) es que de dar quórum para discutir el proyecto se vería expuesto a recibir acusaciones de su falta de políticas en post de mayor seguridad. Es verdad que desde las leyes Blumberg (el arquitecto que no fue), no existieron otros proyectos desde o apoyados por el Ejecutivo. En éste caso, el proyecto sobre salideras bancarias no implicaba un aumento de penas o algo por el estilo. El FpV no bajó a la Cámara para no soportar que los diarios titularan con argumentos extraídos de la sesión. Está claro que el tema inseguridad es uno de los puntos más débiles del gobierno (minería a cielo abierto, INDEC, inflación), sin embargo es necesario pensar cómo resolver o marcar un plan a futuro. Construir más cárceles demostró su ineficiencia, lo mismo aumentar las penas. Antes de hacer todo eso hay una pregunta por contestar ¿Qué hacemos o cómo desarmar las estructuras de las fuerzas de seguridad absolutamente corruptas que, por decirlo suavemente, son una asociación ilícita? Ningún plan o, mejor dicho, cualquier plan está destino a fracasar si no resuelve éste tema. Algo que ciertamente no discute ni el gobierno, ni la oposición, ni los medios masivos de comunicación. Un dato curioso, Clarín publicó una estadística donde mostraban cómo descendió el delito en comparación a los años 2000, 2001; posiblemente tengan alguna relación el aumento del delito y la situación económica general. En otras palabras, la igualdad. Las soluciones mágicas se agotaron en su propia ineficiencia. Vale aclarar que la estadística no se utilizó para hablar bien del gobierno, fue porque algunos funcionarios declararon que el delito había bajado casi un 70%. Inentendible, para qué decir cosa semejante...